FIP Opina

ELN: ¿Participación mediada por armas?

Desde la semana pasada están en Cuba las delegaciones del Gobierno y del ELN para el tercer ciclo de diálogo, después de muchos traspiés y la molestia nacional por las acciones armadas realizadas por esta guerrilla en buena parte del país desde el fin del segundo ciclo. Estas acciones han sido altamente criticadas por la ciudadanía y las instituciones por ir en contra de la voluntad de paz que se proclama en la mesa de diálogos. Además de la emboscada en el Carmen (Norte de Santander), donde murieron diez soldados y otros ocho resultaron heridos, también se instalaron paquetes explosivos, banderas y panfletos amenazantes en Antioquia, Cauca, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. No debemos ser ingenuos con las mesas de diálogo y de negociación. Los grupos armados y los gobiernos se sientan buscando alcanzar acuerdos que conduzcan a transformaciones y a la construcción de paz, pero a ninguno le interesa mostrarse débil, ni derrotado. De ahí que acciones armadas de lado y lado busquen demostrar fortaleza y lo que está en juego en caso de no pactar nada. Ahora bien, hay un mensaje más fuerte que debe orientar el nuevo ciclo de diálogo: la ciudadanía está cansada de la violencia y este tipo de acciones disminuyen el respaldo social hacia el proceso de negociación. Este tercer ciclo inicia con expectativas altas y una agenda muy grande y difícil de concretar. La persistencia de los eventos armados y violentos ha llevado al Gobierno a reclamar que el cese al fuego y a las hostilidades sea el centro de la discusión. El cese al fuego entre el ELN y el Gobierno por sí mismo tiene muchas dificultades, como lo advertimos en un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz , y en la actual coyuntura, resulta mucho más desafiante. Por su parte, el ELN acepta esa agenda con reticencia mientras emite sus objeciones, como la imposibilidad de hacer ceses al fuego que involucren a otros grupos armados, y deja de lado la urgencia de detener las hostilidades, que son las afectaciones más fuertes hacia los civiles. Los comandantes del ELN insisten en priorizar en este ciclo de diálogo la discusión sobre el modelo de participación ciudadana en el que se fundamenta el proceso de diálogo, y suman otros elementos urgentes como los alivios humanitarios. Entre tanto, permanecen en el aire los mensajes de los Frentes de Guerra y de los altos comandantes del grupo armado criticando las políticas del gobierno, las acciones del Ejército y el carácter de Gustavo Petro, mientras continúan negando su vinculación a actividades como el reclutamiento de menores de edad y el narcotráfico. En este proceso de diálogos hay un afán particular. No es solo la duración del gobierno Petro, de sus funcionarios o de la mesa misma, como se habla en muchas instancias, se trata de la poca paciencia que tiene la ciudadanía para respaldar un proceso que, aunque necesario, no parece estar priorizando lo realmente urgente: la reducción de la violencia. La participación ciudadana es fundamental y será, sin duda, una gran ganancia de este proceso de diálogo y un diferenciador en algunos sentidos respecto a los procesos llevados con otros grupos en la historia reciente. Sin embargo, hoy la ciudadanía, las comunidades y los territorios quieren participar para reclamar el cese de la violencia y de las armas. Cuando el ELN habla de la importancia de la participación, lo hace en clave de discutir los grandes problemas nacionales y las estructuras profundas que hay que transformar para tener un mejor país. Sin embargo, el gran problema nacional que la ciudadanía quiere discutir hoy es el agotamiento de la violencia y de la confrontación armada, que hace mucho dejó de limitarse al cruce de disparos entre un Ejército Nacional y grupos rebeldes armados, y se filtró a cada dimensión de la vida comunitaria. La urgencia de ese problema dificulta discutir los otros porque las transformaciones sociales tienen poco sentido si no hay circunstancias de vida que permitan observarlas. ¿Cómo se garantiza la participación amplia, vinculante y libre cuando está mediada por las armas y los armados? ¿Cómo discutir los problemas profundos y estructurales del país, si no hay garantías para la movilidad de las comunidades restringidas? ¿Cómo alcanzar pactos sociales si la opinión se escucha con un fusil en la mano? Reclamamos al Estado garantías de seguridad, pero si este proceso de participación concreto se enmarca en unos diálogos entre el gobierno y el ELN, solicitamos esas mismas garantías al grupo armado que debe apropiarse de su responsabilidad en la violencia. Como ciudadanía debemos ser pacientes en el alcance que tiene el diálogo y los tiempos para acordar cosas tan complejas como las que en este ciclo de diálogo se gestan. Los procesos de diálogo, de negociación o de paz, difícilmente pueden iniciar de tajo con la dejación de las armas, pues no hay confianza para hacerlo de ninguno de los lados. No obstante, si no hay acuerdos de cese, sí tiene que haber evidencia de que la violencia disminuye y que esta disminución abre la puerta a la participación y la ampliación de las libertades. Este tercer ciclo de diálogo carga a sus espaldas unas expectativas altas de las delegaciones y de una ciudadanía que observa y reclama a la mesa efectividad y acuerdos que se traduzcan en cambios verdaderos y urgentes. Una mesa que transforme el país en el papel sin que reduzca la violencia, difícilmente será la deseada por la gente y los territorios.

Tatiana Prada C.

Noticias

Comunicado conjunto sobre la regulación del cannabis de uso adulto

La Coalición Acciones Para el Cambio, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas y la Fundación Ideas para la Paz apoyamos el trámite del proyecto de Acto Legislativo No. 02/22 Cámara y 33/22 Senado, como una reforma constitucional que modifica la prohibición del artículo 49 sobre el porte y consumo de sustancias psicoactivas para permitir la regulación del cannabis de uso adulto. Como organizaciones de la sociedad civil que cuentan con una larga trayectoria en investigación e incidencia, defendiendo una reforma a la política de drogas que esté basada en la evidencia y respete los derechos humanos, consideramos que esta reforma es coherente con la necesidad de que en el país una política de drogas busque el desarrollo rural, garantice un enfoque de salud y reducción de daños y mitigue o elimine los daños de la prohibición. Declaramos que la inclusión del cannabis en el sistema de fiscalización internacional de estupefacientes constituye un error histórico que replicó el Estado colombiano al elevar a rango constitucional la prohibición de drogas en 2009. En ese sentido, celebramos que el país avance en reformas sobre las políticas frente al cannabis, tomando el control sobre la planta y generando un marco jurídico para las sustancias psicoactivas que permita mejorar la salud pública, reducir las rentas ilegales asociadas al comercio de cannabis, implementar un enfoque reparador de las comunidades vulnerables más afectadas por la prohibición, y promover el desarrollo rural y sostenible. Resaltamos también que desde el 2018, mucho antes de este proceso legislativo, la sociedad civil (no sólo las organizaciones que firmamos este comunicado) hemos asesorado y acompañado a diferentes congresistas con insumos, evidencia y conceptos jurídicos para las iniciativas legislativas sobre reforma a la política de drogas. Con ocasión del proyecto de Acto Legislativo reiteramos la importancia de reconocer, ampliar y garantizar la participación de todas las personas y organizaciones llamadas a defender una política de drogas con un enfoque de derechos. Recomendamos, al Gobierno Nacional y a los legisladores, fortalecer la pedagogía sobre el alcance real de esta reforma constitucional, ya que es el primer paso para diseñar el marco regulatorio, pero no la regulación en sí misma. En relación a los detalles del texto que está actualmente en curso, queremos subrayar los siguientes asuntos que pueden ser mejorados: Debido a que se trata de una reforma constitucional, el proyecto debería eliminar simplemente la barrera dispuesta en el artículo 49, a fin de dar seguridad jurídica al eventual marco regulatorio. Es decir, el proyecto de acto legislativo debe enfocarse en ciertos mínimos que guíen al Congreso y no incluir detalles como la tributación o el licenciamiento que resultan inconvenientes para la discusión, y en cambio, reducen exageradamente el principio de flexibilidad que debe tener el Congreso para reglamentar el texto que finalmente se apruebe. En caso que la referencia al licenciamiento persista, es necesario incluir mecanismos en la regulación posterior al Acto Legislativo, para garantizar la inclusión de los pequeños productores históricos, y evitar la configuración de monopolios y la integración vertical. Teniendo en cuenta que el artículo 2 del proyecto de Acto Legislativo menciona los principios orientadores para la reglamentación, sugerimos incorporar el enfoque reparador como un eje central de la regulación, de manera que el mercado opere bajo criterios de equidad y justicia social para los pequeños productores, personas privadas de la libertad por delitos relacionados con el cannabis y para otras poblaciones afectadas por la prohibición. Teniendo en cuenta el avance de la reforma constitucional, el Gobierno Nacional debe avanzar en el alistamiento de la regulación, en los siguientes asuntos: La regulación del cannabis es un asunto multisectorial, ya que todos los elementos tienen un nivel de importancia similar. El éxito de la regulación dependerá de las políticas de educación, información, salud pública para la prevención, reducción de daños y atención al consumo problemático, así como de justicia agraria y ambiental para la justa participación en el mercado a los cultivadores históricos de cannabis, y también de las políticas que den estándares para el comercio justo y eviten desvío hacia el mercado ilegal. El Ministerio de Justicia, por su trayectoria y por ser el ente rector de la política de drogas, puede ser el eje articulador para todos estos sectores, entre los que es urgente que participen al menos, los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Protección Social y de Educación Nacional. El alistamiento para la regulación de uso adulto debería incorporar las experiencias con el cannabis medicinal, y tener en cuenta los errores y lecciones aprendidas en materia de inclusión de pequeños cultivadores, por parte de las instituciones involucradas, y las lecciones aprendidas en materia de inclusión de pequeños cultivadores, proceso de licenciamiento, definición de tarifas, entre otros. Desde ya, se pueden adelantar mesas técnicas con quienes hicieron parte de dicho proceso para asegurar un proceso de reglamentación basado en la evidencia del contexto nacional. Las Organizaciones firmantes reiteramos nuestra disposición a aportar en el proceso de regulación del cannabis de uso adulto, tanto en el trámite legislativo como en las acciones del Gobierno, a través de la discusión pública con argumentos que promuevan la salud, el desarrollo, la seguridad, la reparación de los daños de la prohibición y los derechos humanos.

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¿Qué pasa con el PNIS en el gobierno de Gustavo Petro?

Desde 2016, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) ha sido la estrategia de la política de drogas para reducir la dependencia económica de las comunidades a los cultivos de uso ilícito. Formulado en el Acuerdo de Paz, el PNIS debería haberse ejecutado en sincronía con la Reforma Rural Integral para, en 10 años, haber avanzado en reducir “las causas estructurales” que explican la presencia y persistencia de los cultivos ilícitos. Siete años después no se encuentran datos que muestren avances en indicadores socioeconómicos en los municipios con cultivos de uso ilícito priorizados por el Programa. En cambio, es preocupante el aumento de los cultivos de coca y la situación de violencia en estas regiones. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre enero de 2022 y marzo de 2023, las zonas que concentran la mayoría de los enclaves cocaleros (Cauca, Nariño, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Putumayo) registran el 50% de los enfrentamientos entre diferentes grupos armados y el 46% de los eventos de impacto humanitario. Independientemente del avance del 74% que reporta el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) sobre la ejecución del PNIS, el seguimiento de la FIP evidencia que el Programa necesita cambios estructurales y articularse con la Reforma Rural Integral para que dé resultados. Por eso, es positivo que el Plan le dedique varias menciones. La relevancia que el presidente Petro les ha dado a las comunidades cocaleras en sus mensajes públicos es coherente con el compromiso —según la versión original del PND— de cumplirle a las familias del PNIS, reenfocando sus objetivos. Sin embargo, no todas las disposiciones del Plan pasan de ser aspiraciones gubernamentales. Y, en todo caso, el Gobierno está obligado a cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz. Así que la pregunta es: ¿qué se puede lograr realmente con el PNIS en los tres años que quedan de mandato? El cambio de Gobierno le ha representado al PNIS un rezago de al menos ocho meses, si contamos el tiempo desde la posesión de Petro en agosto. En cierto modo, este retraso puede ser menos teniendo en cuenta que el Programa se ha seguido implementando mientras que su nuevo director, que se posesionó en diciembre, define cómo y con qué operadores continúa. Vendrán más demoras en la implementación del PNIS si, después de aprobarse el PND, el Gobierno adscribe la Agencia de Renovación del Territorio (ART), de la que hace parte la Dirección de Sustitución, al Ministerio de Agricultura, como se ha discutido en el Congreso, o adquiere facultades extraordinarias para hacer algún otro cambio institucional relacionado con esta dirección. Mientras tanto —y sin una estrategia de seguridad clara operando en los territorios— las comunidades campesinas que cultivan coca, marihuana o amapola seguirán a merced del orden social que impongan los grupos armados, que no solo determinan la seguridad de los territorios y las comunidades, sino también su dinámica económica legal e ilegal. Es preocupante la situación que reportan los medios desde septiembre del año pasado por la falta de compra de la hoja y pasta/base de coca en varios departamentos como Norte de Santander, Nariño, Cauca, Putumayo, Meta, Guaviare y Córdoba. También alarma que aún no tengamos información certera sobre por qué está pasando esto y qué acciones está tomando el Gobierno. Más allá de la oportunidad que esta situación representa para evitar la resiembra de coca, la crisis económica de estas regiones evidencia y nos recuerda con dureza la realidad que todos conocemos: la supervivencia de estas comunidades depende de la coca y de los grupos armados que controlan el negocio. Y hay otra verdad: el Estado no está preparado para atender esta crisis humanitaria. En este contexto, no es acertado pensar que el PNIS, o cualquier programa de desarrollo alternativo, tenga la capacidad de recuperar estos territorios. Incluso la ART, que ha ganado capacidad en los últimos años, aún no tiene suficiente presencia a nivel local ni el poder político necesario para atraer la oferta y las inversiones interagenciales necesarias para apalancar el desarrollo en las regiones más necesitadas. Cambios necesarios para recuperar las áreas afectadas El PNIS fue pensado en el Acuerdo de Paz como el mecanismo para conectar a las comunidades cocaleras con la Reforma Rural Integral. Y la ART como el vehículo para llevar la reforma a los territorios focalizados. Lograr la articulación real entre estas dos entidades permitiría avanzar en el propósito de sincronizar la sustitución con el desarrollo rural. La financiación del PNIS , siempre escasa, solo traerá frutos en la medida en que se conecte con la reforma. En este sentido deben ir los cambios del PNIS. Este Gobierno parece ofrecer un mejor escenario para estos cambios. A pesar de la presión que representa para el presidente Petro que el país esté produciendo más cocaína que nunca en su historia, la reducción de hectáreas de coca no parece ser, al menos hasta ahora, el indicador de éxito en la política de drogas. La protección ambiental y la dignificación de las comunidades campesinas y étnicas pueden ganar espacio en los asuntos que le importan a este Gobierno sobre la política de drogas. Se espera que el Ministerio de Ambiente y el de Agricultura asuman por fin la competencia que tienen en esta política. Al menos en mensajes públicos, ya empezamos a ver que la ministra de Ambiente y el director de la Agencia de Desarrollo Rural entienden su responsabilidad en la transformación de los territorios con cultivos de uso ilícito. Tradicionalmente, estos territorios han sido de competencia única de los ministerios de Defensa, Justicia o de la entidad a cargo del desarrollo alternativo. En este Gobierno, hasta ahora, el Ministerio de Defensa se ha alineado al discurso de poner el énfasis en el control a la producción y el tráfico de drogas, así como en los eslabones altos de la cadena. Y la agenda de seguridad se ha denominado “seguridad humana ”, coincidiendo con la recomendación del Diálogo sobre Cultivos Ilícitos y el Tránsito a Economías Legales que lideró la FIP, en cuanto a que esta debe estar al servicio de la agenda de transformación territorial. Para el grupo de expertos que participó en ese Diálogo, las agendas de seguridad, desarrollo y ambiente deben confluir en la transformación de los territorios a través del empoderamiento de las comunidades locales. Para ello, el Estado se debe acercar a los ciudadanos, las Fuerzas Militares y de Policía deben proteger a las comunidades y retomar gradualmente el control territorial, y la política criminal, bajo un enfoque disuasivo, debe priorizar la reducción de la violencia, la contención de la corrupción del poder local y sus vínculos con los grupos armados. La “seguridad humana ” parece recoger estas ideas. Sin embargo, no se vislumbra en el PND, en las discusiones sobre la Paz Total o en los territorios, una estrategia clara de seguridad territorial que fortalezca o reconduzca las capacidades de la Fuerza Pública para desarticular o debilitar a los grupos armados que han logrado consolidarse y ampliar su influencia en varias regiones del país. Contar con la vinculación de los sectores de Agricultura, Ambiente y Defensa en un contexto de menor presión para reducir las hectáreas de coca a toda costa y en el menor tiempo posible, es definitivamente un escenario propicio para transformar estos territorios con una perspectiva de desarrollo y de derechos. Por la información que ha publicado la Dirección de Sustitución , pareciera que comprende su rol de facilitador en este objetivo, en el que es necesario cumplirles a las familias pero definir otro modelo que permita conectar las zonas del país que dependen del mercado ilegal de las drogas con las apuestas sectoriales de desarrollo y con la agenda agroindustrial de Colombia. Si el Gobierno Nacional logra esto en tres años, al menos en algunas zonas, no es seguro que se reduzca notoriamente el área con cultivos de uso ilícito. Sin embargo, sí se habrán sentado las bases para integrar estos territorios al país.

Ana María Rueda R.

FIP Opina

Los Pozos: la punta del iceberg

La movilización social que se dio en marzo pasado por parte de las organizaciones campesinas en la inspección Los Pozos y las zonas aledañas en San Vicente del Caguán, se convirtió en noticia por los enfrentamientos entre los campesinos y la Undemo, antes Esmad. Esto dio como resultado dos campesinos y un policía fallecidos, decenas de heridos, daños materiales y más de 70 policías contenidos en lo que el gobierno reconoció como “cerco humanitario”. Dos meses después, es importante revisar con lupa lo ocurrido pues esta es solo la punta del iceberg de un conflicto que se ha configurado durante al menos 17 años desde que la petrolera Emerald Energy llegó al Caquetá a través de la adjudicación del bloque Ombú. La tensión entre los campesinos y la petrolera ha transitado por varios episodios , alimentados por las denuncias de infracciones ambientales —como la captación de aguas no autorizada, vertimiento de aguas residuales en quebradas cercanas al proyecto, deforestación y quemas a cielo abierto para construir locaciones no autorizadas— y el incumplimiento de las licencias ambientales, del Plan de Manejo Ambiental y de los Programas de Beneficio a las Comunidades. En 2012 se impusieron medidas preventivas de cierre de las operaciones de Emerald Energy, en 2013 continuó el proceso sancionatorio y en 2014 llegó la sanción económica. Teniendo en cuenta estos episodios, retomemos los hitos más recientes. En diciembre de 2022, los medios locales reportaron un plantón sobre la vía que conduce a Los Pozos. Los campesinos impidieron la movilización de tractocamiones con crudo debido, en principio, al mal estado de la vía que conduce de San Vicente del Caguán (cabecera municipal) al centro poblado Las Delicias. Esta pavimentación, así como la variante de San Vicente, era un compromiso adquirido por Emerald Energy en años anteriores. Producto del plantón se logró instalar una mesa de diálogo con delegados de la petrolera, del Ministerio Público, del Ministerio del Interior y las autoridades locales. En esta se llegó a acuerdos exploratorios con respecto a la pavimentación de la vía y también se programó una reunión en febrero para socializar la respuesta del Gobierno Nacional frente a la asignación presupuestal para cumplir los compromisos. A inicios de febrero, ya con la Undemo de la Policía desplegada en la zona, el Gobierno se reunió con las comunidades que mantenían la protesta. En ese encuentro, acordaron solucionar la problemática a través de una mesa de diálogo y el gobierno se comprometió a pavimentar la vía. Sin embargo, por el incumplimiento constante de acuerdos por parte del Estado, las comunidades vieron como insuficiente esta propuesta y se acordó otra reunión (aplazada en una ocasión) hasta el 23 de febrero. En ese nuevo espacio participaron los campesinos, la Emerald Energy y representantes del gobierno. De allí surgieron acuerdos para garantizar la movilización social, permitir el tránsito de tractocamiones con crudo, retirar la Undemo e instalar una mesa para que la petrolera ampliara su oferta social a partir de las necesidades de las comunidades. Una nueva reunión se programó para el 28 de febrero, cita que incumplió el Gobierno Nacional y a la que le aplicaron la silla vacía por su ausencia. No obstante, como gesto de buena voluntad, los campesinos dejaron movilizar 53 tractocamiones con crudo, esperando que retiraran a la Undemo. Finalmente, por los incumplimientos e inacción del Gobierno, la madrugada del 2 de marzo decidieron realizar una toma pacífica de las instalaciones de la petrolera, lo que produjo la respuesta armada de la Policía y llevó a los enfrentamientos que inician esta columna. El fantasma de Artemisa Además de los motivos que en el corto plazo permitieron el escalamiento de la tensión con Emerald Energy, revisemos cuáles fueron los motores que aumentaron la conflictividad con la Fuerza Pública y que dieron como resultado los enfrentamientos. San Vicente del Caguán duró cuatro años siendo priorizado para los operativos militares desplegados en la operación Artemisa, estrategia de seguridad creada por el gobierno de Iván Duque en 2019. Los resultados de los operativos incluyeron capturas de líderes indígenas y campesinos como Reinaldo Quilcué Quebrada, destrucción de infraestructura comunitaria, campesinos heridos y, al menos, un homicidio. Pero no solo eso: para las comunidades y organizaciones campesinas, Artemisa también generó tensiones en los procesos organizativos y desgastó la capacidad de diálogo y mediación de los campesinos. Hubo protestas en ciudades como Florencia, Villavicencio y Bogotá, en las que participaron los campesinos de San Vicente del Caguán y de la Amazonía noroccidental, para rechazar públicamente la estrategia de militarización para proteger el ambiente y la vulneración de derechos. A la par participaron en varios espacios de diálogo con el Gobierno Nacional. Por ejemplo, en la Agenda Ambiental Campesina, Étnica y Popular y en la Mesa de Altamira durante el Paro Nacional de 2021, y otros más, buscando respuestas a vulneraciones específicas y reiteradas en el propio municipio. Algunos de estos espacios, como el de Altamira, dieron frutos. De allí surgieron los Acuerdos de Altamira, que contienen compromisos del Gobierno Nacional —a través de los Ministerios de Ambiente e Interior— de priorizar el diálogo, la concertación, la pedagogía y la socialización respecto a determinantes ambientales, restricciones productivas, alternativas de producción sostenibles y la construcción colectiva de acuerdos de sostenibilidad, entre otros temas ambientel. Sin embargo, luego del Paro Nacional regresaron las operaciones de Artemisa que generaron los impactos más graves a los derechos humanos. Esta suerte de “memoria” es relevante porque evidencia que los campesinos de San Vicente del Caguán han vivido recientemente y de forma prolongada una situación de violencia y estigmatización por parte de la Fuerza Pública y del Estado debido a las problemáticas ambientales. Lo mismo ha ocurrido con acuerdos de otros espacios de diálogo y concertación, que han sido constantemente incumplidos, debilitando la confianza entre el Estado y las comunidades e incrementado la tensión territorial. No es gratuito que, en los acuerdos de Los Pozos que surgieron entre los campesinos y la delegación de ministros que llegó a la vereda luego de los enfrentamientos del 2 de marzo, se retomaran los Acuerdos de Altamira para que “se visibilice y organice su cumplimiento” y haya quedado explícito que Artemisa dejó de ser una estrategia del gobierno. Las guardias campesinas Un actor relevante por su papel en la movilización social y la estigmatización de la que son objeto las comunidades rurales son las guardias campesinas. Estas son una figura civil, no armada y autónoma de autoprotección. En el caso de San Vicente del Caguán, están conformadas por miembros de las Juntas de Acción Comunal y su acción se enmarca en las normas de convivencia, de defensa del territorio, del ambiente y de los derechos humanos. En esta región, a diferencia de la trayectoria que tiene, por ejemplo, la guardia campesina del Catatumbo, se han venido consolidando recientemente mientras se forman en derechos humanos, diálogo y mediación. Como sucede con las guardias indígenas y cimarronas, la guardia campesina acompaña las expresiones políticas y movilizaciones sociales para servir de interlocutor y para salvaguardar y brindar garantías a las comunidades campesinas que representan. Sin embargo, no es reconocida como un mecanismo de autoprotección como sí lo son las guardias indígenas. Eso mismo sucede con los obstáculos para el acceso y tenencia de la tierra en contraste con otras comunidades rurales, en parte por la falta de reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos que derivan, a su vez, en la estigmatización. Las guardias indígenas son reconocidas no solo por las mismas comunidades sino por las autoridades gubernamentales e incluso por agencias internacionales como cuidadoras, símbolo de gobierno propio y autonomía. Como ha sido evidente, estos mismos calificativos no aplican para las guardias campesinas, cuyos integrantes son fuertemente estigmatizados y violentados, poniendo en riesgo su integridad física y la de los procesos organizativos locales. Debido a estas asimetrías que enfrentan los campesinos en la ruralidad, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos —y el de las guardias campesinas como mecanismo de autoprotección— es hoy una de las mayores reivindicaciones de la lucha campesina. Tanto así que ocupó parte de las discusiones y propuestas elaboradas durante la Convención Nacional Campesina de diciembre de 2022 y que actualmente movilizan representantes y senadores de la bancada de gobierno en el Congreso de la República. El proyecto de reforma constitucional que reconoce al campesinado como sujeto de derechos fue aprobado recientemente en sexto debate en la plenaria del Senado, aunque con ajustes de algunos partidos políticos durante el quinto debate en la Comisión Primera. Este contexto constituye una ventana de oportunidad para el diálogo, el reconocimiento de su potencialidad para garantizar los derechos campesinos y territoriales, y la regulación como mecanismo de autoprotección.

Angie Durán G.

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El Radar. Del 14 al 20 de abril de 2023

Danilo Rueda defendió la implementación del Acuerdo de Paz Durante el debate de control político al que fue citado, el Alto Comisionado para la Paz señaló que la Paz Total es consecuencia de un contexto marcado por la implementación del Acuerdo de Paz. En cuanto a los avances de la implementación, destacó la constitución de cuatro Zonas de Reserva Campesina, el ingreso de 7.000 hectáreas al Fondo de Tierras y el aumento de la asignación presupuestal para diversos puntos del Acuerdo. Por su parte, el senador Iván Cepeda hizo un llamado a que el Plan Nacional de Desarrollo garantice programas y recursos para la implementación del Acuerdo, avance en garantías para los firmantes de paz, y fortalezca y amplíe la capacidad institucional relacionada con el Acuerdo. Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó predio en Cundinamarca para beneficiar a 100 familias El bien sería la Hacienda Granada, un predio de 44,8 hectáreas ubicado en el municipio de Simijaca y que se encontraba en proceso de extinción de dominio, recuperado de la ocupación del General (r) Rodolfo Palomino. La SAE se lo entregó a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC por medio de contrato de arrendamiento, con el fin de beneficiar a campesinos sin tierra, o con tierra insuficiente, priorizados por el Acuerdo de Paz. Presidente Petro anuncia alianza militar con Venezuela contra el ELN Tras su visita Estados Unidos, el presidente Petro anunció que las Fuerzas Militares venezolanas trabajan articuladamente con el Ejército colombiano para cerrar el espacio que el ELN ha tenido en el tiempo reciente en el vecino país. Esta estrategia apunta, según Petro, a conducir al grupo armado a aceptar un “proceso progresivo de desmantelamiento de la violencia”. Tercer ciclo de diálogos iniciaría el 2 de mayo con cambios en la delegación de Gobierno El gobierno colombiano ha anunciado que, tras la llegada a la Habana el 26 de abril, se proyecta el inicio del ciclo el día 2 de mayo. La prioridad será la discusión del cese al fuego, especialmente tras los eventos armados en Catatumbo, a finales de marzo, en los que murieron 10 soldados. Entre los nuevos desafíos de la mesa de diálogos se encuentra la recomposición de la delegación de Gobierno, tras la posible renuncia de la periodista Mabel Lara, reportada por algunos medios de comunicación. Combates entre Ejército y ELN en Arauca y Nariño Se reportaron enfrentamientos en Samaniego (Nariño) entre el ELN y el Ejército Nacional que dejaron por lo menos seis guerrilleros heridos y a la huida. De otra parte, en Arauca, el Ejército desplegó un operativo para capturar a alias “Zorro”, responsable del secuestro de varios militares en los últimos meses. El guerrillero puso resistencia a su captura accionando un arma de fuego contra miembros del CTI, por lo que se generó un cruce de disparos con el Ejército que resultó en la muerte del líder guerrillero. Bloqueo en la vía Risaralda-Chocó En las últimas semanas, comunidades indígenas y afro bloquean un tramo de la vía Panamericana que comunica a Risaralda con el Chocó por la falta de obras de remodelación para la comunidad que se vieron afectados por daños emergentes realizados por diferentes contratistas del Invías. Los bloqueos han generado afectaciones en el transporte terrestre, como la disminución del 70% en el despacho de buses en el terminal de Pereira, lo que ha provocado un sobrecostos en los pasajes. Protestas de estudiantes en Medellín y Bogotá Estudiantes bloquearon la avenida Las Vegas, a la altura del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en la capital antioqueña. La manifestación se dio en defensa de la educación pública y la conmemoración del aniversario del M-19. En Bogotá se presentaron manifestaciones y disturbios en la Avenida Circunvalar con calle 26, en inmediaciones de la sede de la Universidad Distrital. Los estudiantes se manifestaron para solicitar al gobierno de Gustavo Petro mayor asignación de recursos para mejorar la educación pública. Bloqueo de transportadores en La Guajira Desde el pasado 11 de abril, 250 vehículos de carga bloquean la frontera colombo-venezolana, a la altura de Paraguachón. Los transportadores protestan por la prohibición del ingreso de vehículos con placa venezolana por territorio colombiano. Mesa de diálogo con el Estado Mayor Central se instalará el 16 de mayo En medio de un acto público organizado en las sábanas del Yarí, en el sector de Casa Roja, los principales jefes de esta disidencia se reunieron con cerca de 6.000 habitantes de sus zonas de influencia en todo el país para anunciar el inicio de la mesa de diálogo con el Gobierno. Hablaron de sus expectativas del proceso, criticaron el Acuerdo de Paz de 2016, e instaron al ELN a buscar un cese bilateral entre ambos grupos armados. Entre otros anuncios, le propusieron al Gobierno hacer la instalación en Noruega, como gesto de agradecimiento por su apoyo a la paz en Colombia. Clan del Golfo y Gobierno estarían definiendo protocolos de cese al fuego Así lo aseguró el abogado Ricardo Giraldo, quien representa a este grupo armado. Giraldo afirmó que, desde la suspensión del cese bilateral, se ha retomado comunicación con el Gobierno para establecer los protocolos que faciliten su reactivación. Una vez más, el abogado reiteró la negativa del Clan a someterse a la justicia por medio del proyecto de ley que surte su trámite en el Congreso. Segunda Marquetalia anuncia fundación de nuevo frente Por medio de un comunicado, el grupo armado anunció la culminación de la refundación del Frente 53 “Edinson Romaña”, cuya presunta zona de influencia será el Sumapaz (Cundinamarca), parte del Meta y el Alto Vichada. Desde hace casi un año varias autoridades e instituciones han advertido sobre acciones de grupos armados en la región del Sumapaz. La alcaldesa Claudia López afirmó que existe una disputa entre disidencias e las FARC por el aprovechamiento de un predio de la SAE. Defensoría del Pueblo emite alerta temprana para Guaviare Debido a los hechos de violencia que se desprenden del fraccionamiento del Frente Primero del Estado Mayor Central de las FARC, el ente de control denunció la situación de seguridad de los cuatro municipios del departamento que provocó el aumento de homicidios, desplazamientos forzados y amenazas a líderes sociales entre enero y febrero de este año. Asesinan a líderesa comunitaria en Bogotá En la localidad de Ciudad Bolívar fue asesinada la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Santo Domingo. La víctima había recibido amenazas en su contra por denunciar invasiones en el sector y altos índices de inseguridad. Líder social asesinado en Antioquia Hombres armados asesinaron al líder en su finca, ubicada en la vereda Morro Azul, jurisdicción del municipio de Nariño (Antioquia). La víctima había sido directivo de la Colonia de Nariño en Medellín y apoyaba las labores de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Joe Biden promete fondo de US$500 millones para proteger la Amazonía luego de reunión con Petro La inversión se realizará a través de Fondo Amazonía, impulsado por Brasil y que cuenta con inversores como Noruega, Alemania y Petrobras. Durante la reunión, que estuvo principalmente orientada hacia los compromisos de ambos países contra la crisis climática, Biden resaltó la lucha contra el narcotráfico y la migración del Darién como un punto clave en el trabajo conjunto entre ambos países. Aprobado proyecto de ley contra el fracking y la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales Con 62 votos a favor y nueve en contra, se aprobó en el Senado de la República el proyecto presentado por el Gobierno Nacional impulsado con la intención de “cerrar la frontera extractivista y las prácticas depredadoras con el ambiente”. Con esta decisión, el proyecto surte una nueva etapa en el legislativo y le siguen dos debates en Cámara de Representantes para pasar a sanción presidencial.

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El Radar. Del 31 de marzo al 13 de abril de 2023

Asesinan a firmante de paz en Puerto Asís (Putumayo) Dos sicarios que se movilizaban en motocicleta dispararon contra Diego Mauricio Mejía Rojas, quien era miembro del Consejo Departamental del Partido Comunes, trabajaba como escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y hacía parte de la junta nacional del sindicato Memoria Viva. Con este homicidio, la cifra de excombatientes de las antiguas FARC asesinados llega a 364. Canciller de Colombia pide a las Naciones Unidas una Comisión Internacional de Investigaciones La petición la hizo el canciller, Álvaro Leyva, durante la sesión en la que se entregaba el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz en el Consejo de Seguridad de la ONU. Leyva hizo referencia a un mecanismo para evitar que se continúe afectando el proceso de paz por medio de “entrampamientos” realizados por terceros a los compromisos del Acuerdo. Explosivos, panfletos y banderas del ELN en cinco departamentos del país Entre el 10 y 11 de abril fueron instalados explosivos y paquetes con banderas del grupo armado en varias ciudades y carreteras de Colombia, que generaron temor en la población. Mientras que los episodios en Bogotá y el Valle del Cauca consistieron en abandonar cajas con panfletos y banderas, en Antioquia, Cauca y Santander fueron ubicados diferentes tipos de explosivos en carreteras y parques públicos, todos desactivados a tiempo por las autoridades excepto uno en Itagüí, sin impacto en la población. Gobierno propone un preciclo de diálogo para aclarar puntos con el ELN A raíz del ataque en que murieron 10 soldados del Ejército en El Carmen (Norte de Santander), Otty Patiño, cabeza de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos, propuso al ELN sostener una conversación los días 26 y 27 de abril en México, de cara a que sus comandantes respondan algunas preguntas fundamentales. El objetivo será evaluar la apertura del grupo armado a tramitar y pactar el cese al fuego en el tercer ciclo de diálogo, pero también el cese de hostilidades hacia la población civil y algunas características del punto de participación. Hasta el momento, no es claro si el ELN ha aceptado. Cierre de vías en Bolívar En el municipio de Turbaco (Bolívar) la comunidad impidió el ingreso y la salida de vehículos debido a la reactivación del cobro de un peaje cerca al municipio. La manifestación provocó el cierre de la vía y la suspensión indefinida del transporte intermunicipal. Bloqueos en Santander En la vía entre Barrancabermeja y Yondó (Antioquia), manifestantes realizaron un bloqueo en contra de las afectaciones ambientales que causan las operaciones de Ecopetrol en la zona. La manifestación afectó a cerca de 1.200 trabajadores y contratistas de 46 empresas. Manifestaciones de estudiantes de la Universidad Nacional Estudiantes de la Universidad Nacional y el ESMAD protagonizaron enfrentamientos que generaron afectaciones en la calzada mixta de la calle 26, en Bogotá. Inicio de la mesa de negociación con el Estado Mayor Central ya tiene fecha El EMC convocó en las Sabanas del Yarí a sus principales mandos en todo el país para tomar decisiones alrededor del inicio de conversaciones con el Gobierno Nacional. La Oficina del Alto Comisionado se reunió con el EMC para conocer las conclusiones de esta cumbre, donde se definieron los cinco delegados que estarán al frente del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV), que será instalado el 26 de abril. También se definió la fecha de para instalar la mesa de diálogo, que será anunciada muy pronto. Video enviado por Clan del Golfo genera sospechas por el paradero de “Chiquito Malo” Luego de un video en donde se explica la línea de mando de esta organización en ausencia de su máximo líder, fue publicado otro más en el que sí aparece alias “Chiquito Malo” o “Javier”. Según algunos expertos, es un montaje hecho para simular que esta persona se encuentra en el lugar del video, reforzando la hipótesis de que el máximo líder del Clan del Golfo está enfermo. En el video, “Chiquito Malo” habló de la voluntad de paz del grupo armado y criticó las recientes decisiones del Gobierno Nacional frente al proceso de diálogo. Tregua en Buenaventura estaría en crisis Así lo admitió el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ante la reaparición de cruces de disparos en la cabecera de Buenaventura y la desaparición de alias “Super”, delegado de Los Shottas para las conversaciones de paz. Esta oficina advirtió además de la presencia de un tercer grupo armado llamado “Los R” o “Los Robert”, cuyas acciones también suman a la escalada de violencia. El Gobierno anunció que entró en contacto con los delegados de Los Shottas y Los Espartanos para renovar el compromiso de desescalar la violencia e involucrar a esta nueva expresión armada. Secuestran a dragoneante del INPEC en el Valle del Cauca Disidentes del Comando Coordinador de Occidente secuestraron a un dragoneante del INPEC en zona rural de Jamundí. Tres días después, este grupo armado liberó al dragoneante y emitió un comunicado en el cual critica la labor del INPEC y asegura que la entrega se hace “ con un mensaje de alerta (...) instando a su director a cambiar de una vez el sistema corrupto en el interior de su institución (sic) ”. Líder social asesinado en Bogotá En la localidad de Sumapaz fue asesinado un líder campesino que hacía parte del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz. El hecho ocurrió en la vereda Lagunilla, cuando hombres armados le dispararon. Según el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el líder dedicó su vida a defender los derechos de los campesinos y preservar la cultura. Asesinan a lideresa en Norte de Santander El hecho ocurrió en zona rural del municipio de San Cayetano. La víctima era miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda de La Florida y delegada de ASOJUNTAS. Dos líderes asesinados en Cauca Las víctimas fueron encontradas sin vida en el municipio de Guapi. Los líderes, que se encontraban desparecidos desde el 31 de marzo, hacían parte del Consejo Comunitario del Alto Guapi. Dirección de Sustitución de Cultivos saldará el PNIS entre 2023 y 2024 Un primer anuncio fue hecho sobre el futuro del PNIS: será sustituido, en el mediano plazo, por un nuevo plan que se denominará Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas. Este cambio está sustentado en los diferentes obstáculos que ha enfrentado el programa y que han derivado en el incumplimiento a las familias beneficiarias. Más información sobre este nuevo programa será publicada en los próximos días. Meta de incautación de cocaína para este año es de 834 toneladas El ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que se espera que la Policía incaute 381 toneladas, más otras 452 que deberá incautar el Ejército. De cumplirse la meta, el número de toneladas superaría en un 25% el total de cocaína incautada en 2022. Por otro lado, el ministro de Defensa admitió que sí existe una disminución en las toneladas incautadas en los primeros meses de 2023 frente al año anterior; sin embargo, se observa un aumento paulatino en el número de incautaciones en el último mes . Aumento de minería ilegal en la Amazonía amenaza a pueblos indígenas y comunidades circundantes Desde el 2020, gracias al covid-19 y las medidas de confinamiento, aumentó la minería ilegal en la Amazonía colombiana. Los monitoreos satelitales evidenciaron que se ha incrementado más de 1.000% sobre el río Puré. Además, los mineros tienen enclaves en el PNN Río Puré a pocos kilómetros del pueblo en aislamiento, una de las razones por las cuales se protegió el área desde el 2002. El Ministerio de Defensa está con una directiva permanente para definir las acciones para contener y luchar contra la explotación ilícita de yacimiento minero y delitos conexos. Gobierno incluye negociaciones sobre medioambiente en sus negociaciones de Paz Total Con miras a frenar la deforestación, el Gobierno Nacional ha adelantado conversaciones con comunidades para alimentar el proceso de Paz Total con las disidencias de las FARC que tienen influencia en la región amazónica. Según la ministra de Ambiente y el Alto Comisionado para la Paz, el Estado Mayor Central ha respondido al llamado para iniciar una mesa de negociación en materia ambiental. Sin embargo, este aspecto presenta retos para replicarse con otros actores y regiones del país.

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El Radar. Del 17 al 30 de marzo de 2023

Volverá la figura de Alta consejería para implementar el Acuerdo de Paz Durante la reunión que se dio en Cartagena entre los negociadores de Paz de Petro, el expresidente Juan Manuel Santos, el secretariado de las exFARC y la comunidad internacional, se anunció que volverá la figura de Alta Consejería para implementar el Acuerdo de Paz, “separar funciones” entre la paz con los firmantes del 2016 y la paz con grupos que aún subsisten bajo la política de Paz Total. Excombatientes del AETCR Mariana Páez, en Mesetas, se quedan tres meses más bajo compromisos del Gobierno Tras una reunión entre funcionarios y firmantes del Acuerdo de Paz, se acordó la permanencia en el AETCR de las 200 familias de excombatientes mientras el Gobierno adquiere un predio en el que se puedan establecer de manera definitiva. Entre otros acuerdos, se debe mantener la presencia del campamento humanitario de la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP OEA hasta el traslado definitivo. De llegar a ocurrir un rompimiento de las relaciones entre el Gobierno y el grupo disidente, el primero debe garantizar la salida inmediata de la comunidad. Entidades responsables de implementar el Acuerdo de Paz deben rendir cuentas antes del 31 de marzo Las entidades nacionales y alcaldías deben diligenciar el Informe Individual de Rendición de Cuentas en el marco de la implementación, verificación y refrendación del Acuerdo de Paz para hacer seguimiento a las actividades que se realizaron entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de ese año para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo. Alto Comisionado de Paz será citado a debate de control político en el Congreso Así lo anunció el senador de la bancada de Gobierno, Iván Cepeda, quien señaló que tanto el Alto Comisionado como otros funcionarios del Gobierno Nacional, deben explicar el estado actual de implementación del Acuerdo de Paz. Emboscada del ELN al Ejército en Catatumbo deja nueve muertos y tensión en la mesa de diálogo En la madrugada del 29 de marzo, el ELN atacó con explosivos al Ejército Nacional en El Carmen (Norte de Santander), dejando como resultado nueve uniformados muertos y nueve más heridos. Los soldados se encontraban en tareas de guardia de infraestructura energética. Tras el suceso, el presidente Gustavo Petro convocó a los miembros de la delegación del Gobierno y a representantes de países garantes y acompañantes a una reunión para tomar decisiones frente al ataque. Representantes del Gobierno y congresistas han reclamado que el ELN muestre gestos de paz y se comprometa con prontitud a un cese al fuego y de hostilidades antes de avanzar con el diálogo. La única comunicación que ha realizado el grupo armado sobre el evento han sido algunos twits de Antonio García, comandante del ELN , recordando que no hay un cese al fuego pactado y que el ELN “tiene el derecho de responder los ataque que recibe”. ELN ataca infraestructura petrolera en Boyacá La explosión tuvo lugar en el municipio de Cubará, frontera de Boyacá con Norte de Santander y Arauca. El atentado representa el quinto en 2023 contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas. Cenit, la filial transportadora de crudo para Ecopetrol, ha limitado la circulación de los pobladores hacia la zona hasta que termine las labores de limpieza y reparación. Frente de Guerra Occidental reitera su descontento con la Paz Total En un comunicado, el Frente que opera en Chocó critica al gobierno de Gustavo Petro por la supuesta continuidad en el relacionamiento entre las Fuerzas Armadas y el “paramilitarismo” (como denominan al Clan del Golfo). También manifestó que “en el gobierno del ‘cambio’ todo sigue igual. La política de Paz Total de Gustavo Petro no garantiza una vida digna para las comunidades rurales” e indica que continuará “en defensa de las comunidades y sus pobladores”. Protestas de población Wayuu en La Guajira Comunidades indígenas Wayuu bloquearon al menos cinco vías de la región, dejando incomunicado el norte de La Guajira con el sur del departamento y la zona fronteriza. Los bloqueos, que se levantaron después de 72 horas, tenían como objetivo visibilizar la inconformidad de un sector de la comunidad indígena contra el Gobierno Nacional, que alega sentirse excluido. Protestas de Rappitenderos por reforma laboral En Bogotá, algunos Rappitenderos protestaron en contra de la reforma laboral radicada por el actual Gobierno. Los manifestantes le piden al mandatario no regularizar su trabajo dado que buscan seguir teniendo independencia. La protesta empezó en el parque de la 93 y culminó en la carrera séptima, a la altura del Parque Nacional. Marcha de maestros en Bogotá Según Fecode, más de 20.000 maestros salieron a las calles para exigir condiciones mínimas que dignifique la labor de los docentes. La marcha terminó con un plantón en la sede se la Secretaría de Educación. Líder asesinado en Boyacá El pasado 25 de marzo fue encontrado el cuerpo sin vida de la víctima en zona rural del municipio de Maripí (Boyacá). El líder era presidente de la Asociación de Guaqueros (Asomipaz), y era reconocido por defender los derechos laborales de los guaqueros de esmeraldas. Asesinan a dos líderes sociales en Tumaco El primer asesinato tuvo lugar en la casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa del Prado, cuando hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones. El Frente Iván Ríos, de la Segunda Marquetalia, acusó a la Columna Móvil Urías Rondón de cometer el asesinato. El segundo homicidio se presentó apenas un día después cuando un líder juvenil y gestor cultural fue asesinado con arma de fuego en el corregimiento de la Espriella. Clan del Golfo organiza formalmente su Estado Mayor Alias “Chiquito Malo” o “Javier” sería la cabeza de la organización, seguido por “Gonzalito”, “Rodrigo” o “Rodrigo Flechas”, “Joaquín”, “Julián” o “Chirimoya”, y alias “Jerónimo” (quien hará las veces de vocero político). En el video que se anuncia esta decisión, el Estado Mayor responsabiliza al Gobierno de los hechos violentos que suscite el fin del cese bilateral, a la vez que reafirma su voluntad en continuar con el proceso de paz. En entrevista con W Radio, un presunto líder del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez aseguró que en la tropa sigue vigente la orden de no atacar la Fuerza Pública ; a pesar de ello, se presentan enfrentamientos como el que ocurrió esta semana en el sur de Bolívar . Miembros de la comunidad indígena en Chocó heridos al intentar expulsar a integrantes del Clan del Golfo La Guardia Indígena se vio envuelta en un altercado para evitar que los integrantes de este grupo incursionaran con armas en el Resguardo Indígena Jurubirá Chorí, de la comunidad Embera Katio de Alto Baudó. Los hombres armados pretendían hablar con los líderes indígenas; sin embargo, la Guardia impidió esta situación al ver que portaban armas. Los videos que circulan por redes muestran posibles tiros al aire. El resguardo denuncia que dos civiles (un guardia y un menor de edad) resultaron heridos. Líderes disidentes de las FARC en Cauca parten de sus zonas para iniciar los diálogos con el Gobierno Alias “El Mocho” y “Marlon”, beneficiados por la suspensión de órdenes de captura, fueron trasladados en helicóptero hacia el suroriente del país para reunirse con los demás integrantes del Estado Mayor Central que adelantarán conversaciones de paz. El evento suscitó polémica por la asistencia de menores de edad en presencia de varias personas armadas. Al parecer, se desarrolló en Policarpa (Nariño). Inconsistencias en cifras de incautación entre la Fiscalía y MinDefensa Mientras que el Fiscal General usa las cifras de su entidad para demostrar una disminución significativa de la interdicción, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó que esta diferencia se explica porque su ministerio sí cuenta las incautaciones hechas en el exterior, mientras que la Fiscalía no lo hace. El MinDefensa también informó que en los primeros siete meses de Gobierno se han incautado más de 346 toneladas de cocaína, una disminución del 19% con respecto a los últimos siete meses del Gobierno anterior. Operativo permite la captura de 52 personas acusadas de narcotráfico, 34 con fines de extradición La acción, realizada en conjunto con la DEA y la inteligencia británica, se desarrolló en 10 departamentos y afecta las finanzas de grupos como el Clan del Golfo, Los Pachenca (ACSN), el Frente Oliver Sinisterra y La Local. Entre los capturados se encuentran dos ciudadanos mexicanos y uno eslovaco. La deforestación, componente fundamental en la mesa del Gobierno con las disidencias del Estado Mayor Central Los esfuerzos del nuevo Gobierno para detener la deforestación están estrechamente ligados con la búsqueda de la Paz Total con distintos grupos armados. El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, insistió que en diálogos con EMC empezarán a “armonizar los asuntos de paz, sociales y ambientales con la cooperación ambiental”. En los primeros acercamientos con las disidencias se han dado las solicitudes de “buena voluntad” para detener la deforestación y el descenso ha sido notorio. A diferencia de Acuerdo de Paz con las FARC, el tema ambiental tendrá un rol protagónico en las agendas de negociación tanto con el ELN como con las disidencias del EMC. Organizaciones piden al Gobierno defender los ejes para la transición energética propuestos en campaña Luego del anuncio por parte del Ministerio de Minas y Energía sobre los ejes fundamentales de la transición energética, más de 50 organizaciones enviaron una carta al Gobierno Nacional mostrando preocupación por propuestas como continuar con la exploración y explotación de combustibles líquidos y la eliminación del artículo relacionado con la prohibición del desarrollo de nuevos proyectos de extracción de carbón al cielo abierto en el Plan Nacional de Desarrollo. Por esta razón, piden volver a los compromisos realizados en campaña. Naciones Unidas dona $43 millones de dólares para conservar áreas protegidas en Colombia El Fondo Verde del Clima de las Naciones Unidas anunció que los recursos serán destinados a implementar el Programa Herencia Colombia (PHC), con el que se fortalece la adaptación y mitigación del cambio climático en cinco grandes paisajes: los mosaicos de Corazón de la Amazonia, Andes centrales, transición Orinoquía, Caribe, y el proceso de declaración de Área Protegida de la Serranía de San Lucas.

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El Radar. Del 10 al 16 de marzo de 2023

Excombatientes del ETCR Mariana Páez reciben amenazas para abandonar el territorio Así lo denunciaron, a través de un comunicado, las cerca de 200 familias que habitan el ETCR ubicado en Mesetas (Meta). Al parecer, miembros del Estado Mayor Central (EMC) les dieron un plazo de 30 días para abandonar el territorio. En el comunicado, los excombatientes anuncian que se ven obligados a desplazarse debido a la falta de condiciones de seguridad. Eso implica perder los 14 proyectos productivos que se adelantaban en el espacio, la infraestructura desarrollada durante estos años y la ruptura del tejido comunitario. Ante la situación, exigen garantías y acompañamiento por parte del Gobierno Nacional. Frente a los hechos, e l Gobierno Nacional activó un mecanismo de emergencia . JEP expulsa al general (r) Arias Cabrales de la jurisdicción La Sala de Definición de situaciones jurídicas concluyó que el general no realizó aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia durante la audiencia única de aporte a la verdad. Arias no suministró información que permitiera establecer el paradero de las víctimas, ni los restos de aquellas que han sido entregadas de manera parcial a sus familias, así como tampoco profundizó en las circunstancias en las que se dio la vulneración a los derechos humanos por las acciones de la Fuerza Pública en la retoma. Concluyó segundo ciclo en México con acuerdo sobre Agenda para el diálogo Tras 25 días de conversaciones, que concluyeron con la visita del alto comisionado para la paz, las delegaciones acordaron la Agenda que orientará los diálogos. Esta recoge lo acordado en Quito entre el grupo armado y el gobierno Santos y consiste en seis puntos: la participación de la sociedad en la construcción de la paz, la democracia para la paz, las transformaciones para la paz, las víctimas, el fin del conflicto armado y el plan general para la ejecución de los acuerdos. Ante las múltiples voces que indicaron que de este ciclo de diálogo no surgiría un cese al fuego, Danilo Rueda ha anunciado que se ha elaborado una “arquitectura de lo que sería un cese al fuego”. Por último, las delegaciones anunciaron que el tercer ciclo tendrá lugar en Cuba. Ataques del ELN al Ejército en Arauca En los últimos días, hombres del ELN atacaron con explosivos el Cantón militar San Jorge, base del Ejército en Saravena (Arauca), dejando un militar herido de gravedad. Al día siguiente se presentaron más ataques hacia el Ejército en el municipio, esta vez de un francotirador , que dejó a otro soldado gravemente herido. Atentado del ELN a oleoducto en Barrancabermeja y amenazas a petroleras en Arauca La Policía del Magdalena Medio ha atribuido al ELN el atentado ocurrido al oleoducto de Ecopetrol en Barrancabermeja (Santander). Según las autoridades, habría sido ejecutado por cuatro hombres del grupo armado que han venido atentando contra la infraestructura desde 2021. De acuerdo a W Radio, varias empresas petroleras en Arauca han reportado amenazas del ELN que han conducido a suspender muchos contratos e, incluso, les han llevado a considerar el cese de operaciones. De acuerdo con testimonios, un 50% de la economía del departamento depende de estas industrias y los espacios de conversación con el Gobierno no han conducido a traer soluciones. ELN estaría dispuesto a permitir indagación sobre vínculos con narcotráfico En entrevista con The Associated Press, el comandante y miembro de la delegación del ELN, Aureliano Carbonell, indicó que estarían dispuestos a pasar por el escrutinio de una comisión internacional que determine si existen o no vínculos del grupo armado con el narcotráfico. Al igual que la alta comandancia del ELN, Carbonell afirma que no es el caso y que se mantienen ajenos al narcotráfico, por lo que no habría inconveniente en realizar esta acción. 2022 fue el año con mayor número de agresiones a líderes sociales desde el Acuerdo de Paz Según un informe de la MOE, el 2022 fue el año con mayor número de agresiones contra líderes y líderesas en el país. Los departamentos con mayores índices de violencia fueron Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Nariño, Chocó y Putumayo. Asesinan a líder social en el Valle del Cauca El pasado 9 de marzo fue asesinado un militante del Partido Comunes en el municipio de Buga (Valle del Cauca). La víctima, de 35 años, hizo parte de la primera línea y fue representante en las mesas de diálogo con la alcaldía de Buga en el paro de 2021. Líder comunitario asesinado en Cesar El pasado 10 de marzo fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Nueva Granada, en el municipio de Pailitas (Cesar). La víctima se movilizaba en su motocicleta cerca de la finca conocida como “El Capitán” cuando hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones. Asesinado líder indígena en Cauca Autoridades indígenas el Cauca reportaron el asesinato del concejal y líder indígena de Caldono. El asesinato se cometió el pasado 16 de marzo, cuando la víctima fue atacada por hombres armados que no lograron ser identificados. Presidente anuncia segundo proceso de paz con el Estado Mayor Central Tras la aclaración hecha por la presidencia de la República respecto al estatus político de las disidencias de las FARC, y el retiro de John Mechas del listado inicial, la Fiscalía aceptó suspender temporalmente las órdenes de captura de 19 miembros representantes de esta agrupación ilegal. Con este avance, el presidente Gustavo Petro anunció el inicio de un segundo proceso de paz. Radicada formalmente la ley de sometimiento Luego de que fuera revisado por el Consejo de Política Criminal, se ha radicado formalmente este proyecto de ley que aplicará para las estructuras criminales de alto impacto. El ministro de Interior, Alfonso Prada, aclaró que bajo este modelo no habrá negociación, pues aplica para grupos sin estatus político. El fiscal general, Francisco Barbosa, criticó que se haya radicado sin que se tuviera en cuenta los reparos que esta entidad formuló. Puntualmente, criticó que quienes estén condenados por concierto para delinquir agravado puedan salir de las cárceles y los montos de dinero que pueden conservar los beneficiarios de la ley. Gobierno no descarta levantar cese al fuego con el Clan del Golfo Luego de que el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia denunciaran la infiltración del Clan del Golfo en el paro de mineros del Bajo Cauca, el ministro de Interior afirmó que, si bien darle fin al cese no es algo que esté en la mesa, tampoco se ha descartado del todo. El presidente Gustavo Petro fue más enfático y aseguró que estas acciones del Clan dan a entender que el grupo no tiene voluntad de ser parte de la Paz Total. Paro minero en El Bagre fue un respiro para las quebradas Borrachera y Villa Chica El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, compartió imágenes del estado de las aguas luego de 14 días del inicio del paro minero y resaltó los impactos de las dos semanas sin la extracción ilícita de minerales. El paro se ha levantado en siete u ocho puntos de obstrucción y, a partir de la próxima semana, se iniciarán las conversaciones para llegar a acuerdos sobre las estrategias de formalización de pequeños mineros. Gobierno reveló los “ejes fundamentales” para llevar a cabo la transición energética El objetivo es cambiar la exportación de petróleo y carbón por productivos con énfasis en la agroindustria, manufacturados y de transformación del modelo de exportación de recursos energéticos. Para esto, el Gobierno plantea aumentar las inversiones en energías limpias, la sustitución progresiva de combustibles fósiles y crear mayor eficiencia energética, entre otros. MinAmbiente amplía 172.458 hectáreas el Parque Sierra Nevada de Santa Marta El parque se convirtió el área protegida continental más grande el Caribe colombiano, con un total de 573.312 hectáreas. La ampliación busca proteger el territorio de la minería, las grandes obras y la agricultura a gran escala y así conservar la diversidad cultural y ambiental que milenariamente le han dado los pueblos indígenas al territorio de la Sierra. Gobierno sigue escuchando posiciones sobre obras de la Armada en Gorgona El pasado 13 de marzo se realizó una audiencia pública en el Congreso de la República, donde representantes de las poblaciones del Pacífico, académicos y la Armada Nacional presentaron sus posiciones sobre la construcción del muelle y otras obras en el Parque. La ministra de Ambiente aclaró que, si bien en el cronograma las obras debían iniciar en noviembre, por ahora se encuentran en pausa hasta que adelanten procesos de diálogo con las comunidades y actores implicados.

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