El pasado 8 de agosto, el Gobierno Nacional confirmó el reinicio de reuniones exploratorias con el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en Catar, gracias a la facilitación de este país, la primera en temas de negociaciones de paz en Colombia. La decisión de tener estos diálogos en el exterior estaba anunciada por el grupo desde febrero de 2025, cuando comunicó que no existía “la menor confianza para seguir avanzando en reuniones” en suelo colombiano.
¿Qué ha pasado en el último año en este tablero de negociación de la Paz Total, cómo llega el Clan del Golfo a estas conversaciones y qué se puede esperar de este anuncio?
Una mirada al interior del grupo
El Clan del Golfo es hoy el grupo armado más grande de Colombia, con mayor capacidad de expansión en los últimos años, con gobernanza criminal e incidencia en cerca de 300 municipios de Colombia. Tiene un portafolio diverso de rentas criminales, y es el mejor ejemplo de un grupo que combina una estructura típica de crimen organizado y una de ejército irregular (se estima que una tercera parte de este grupo está uniformado, armado y con capacidad de operaciones sostenidas).
Según el último conteo de la Fuerza Pública, realizado en julio de 2025, el Clan tiene más de 9.500 integrantes, una tercera parte de ellos organizados como ejército irregular y los demás como “puntos”, “redes de apoyo” o “componente criminal focalizado”. Está estructurado en un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 40 frentes.
"El Clan llega a este nuevo acercamiento con una correlación de fuerzas a su favor. El grupo está muy fortalecido militarmente y en proceso de expansión. Entre el año 2018 y 2025 sus integrantes han aumentado en un 165%, es decir, ni el gobierno Duque ni el gobierno Petro han podido contener su expansión”, asegura Gerson Arias, investigador de la FIP.
No hay que ignorar, sin embargo, que la preocupación por el actuar de este grupo viene de tiempo atrás. En 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, la FIP alertó la expansión del Clan en el informe Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición. Tampoco se puede perder de vista que administraciones pasadas intentaron abrir escenarios de diálogo con esta estructura: entre octubre de 2015 y agosto de 2018 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos sostuvo conversaciones secretas con representantes del grupo, como documentó la FIP en el informe La última negociación del Clan.
El vaivén de los acercamientos de paz con Petro
Durante el año 2023 y el primer semestre de 2024 se desarrollaron acercamientos exploratorios con el Clan. En julio del año pasado se dio apertura a la mesa, se anunció la delegación del gobierno que conduciría este diálogo, se suspendieron algunas órdenes de captura contra integrantes del Estado Mayor Conjunto del EGC y se inició otra fase de intercambios que buscaba construir confianza y acordar algunos gestos en favor de las comunidades que habitan donde hace presencia este grupo ilegal.
Los representantes del Gobierno Nacional designados para participar en el proceso fueron Álvaro Jiménez Millán, María Gaitán Valencia, Armando Custodio Wouriyu, Victor Negrete Barrera y Águeda Plata Gómez.
El Gobierno Nacional reconoció como miembros representantes del grupo a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (“Chiquito Malo” o “Javier”), Orozman Orlando Osten Blanco (“Rodrigo” o “Flechas”), José Gonzalo Sánchez (“Gonzalito” o “Willinton”), Elkin Casarrubia Posada (“Joaquín” o “El Cura”), José Miguel Demoya Hernández (“Julián” o “Chirimoya”) y Luis Armando Pérez Castañeda (“Jerónimo” o “Bruno”).
En medio de estos acercamientos, y en un acto que no se había visto con ningún otro grupo en la Paz Total, el gobierno autorizó la primera operación de bombardeo contra estructuras del Clan en diciembre de 2024 entre Anorí y Cáceres (Antioquia). Luego de esta se han desarrollado al menos tres operaciones adicionales de bombardeo en 2025, la última realizada entre Briceño y Valdivia, también en Antioquia, el 7 de julio.
En diciembre de 2024, el gobierno les quitó el estatus de miembros representantes a “Chiquito Malo”, el máximo jefe de ese grupo armado, a “Gonzalito” y a “Chirimoya”, por tener órdenes de extradición vigentes por delitos de narcotráfico.
Iniciando febrero de 2025 se conoció una imagen de la reunión entre el delegado del Gobierno Álvaro Jiménez con parte del Estado Mayor Conjunto de las EGC, posiblemente en la región del Urabá chocoano. Se afirmó que las partes continuaban en etapa de construcción de confianza.
Sin embargo, el 22 de febrero fue abatido Oliverio Isaza Gómez (alias “Terror” o “David”) comandante del Bloque Magdalena Medio del Clan. Días después, el EGC denuncia que una vez terminada la reunión de inicios de febrero se desarrolló una operación policial contra “Chiquito Malo”. En respuesta a estas acciones, el grupo aseguró que “no existe la menor confianza para seguir avanzando en reuniones en Colombia”. Las conversaciones entraron en congelamiento.
El 5 de abril, en un operativo de la Policía Nacional en La Apartada (Córdoba), fue abatido José Miguel Demoya (“Chirimoya”), miembro del Estado Mayor Conjunto y comandante del Bloque Aristides Meza Páez del Clan.
El congelamiento de las conversaciones se mantuvo y el Clan decidió a partir del 11 de abril, poner en marcha una escalada ofensiva contra las Fuerzas Militares y la Policía, incluyendo la realización de un plan pistola, que le costó la vida a cerca de 30 integrantes de la Fuerza Pública.
Luego de este recrudecimiento de la confrontación se iniciaron los acercamientos para continuar esta fase de exploración en Catar.
¿Cómo está hoy el Clan y qué se puede esperar de un eventual proceso?
En la actualidad, el Clan del Golfo es un grupo de crimen organizado que tiene, además de una sólida red de informantes, un componente armado que actúa en el marco del DIH. Mantiene un rol determinante frente al funcionamiento de los diferentes eslabones de la producción y tráfico de cocaína, tanto a nivel nacional como internacional. Su portafolio criminal también está compuesto por la minería ilegal de oro, la extorsión, el lavado de activos y el paso migratorio por el Darién, como advirtió la FIP en el informe La frontera del Clan: migración irregular y crimen organizado en Colombia.
Hoy el EGC tiene una alta capacidad de reclutamiento. En sus filas hay exintegrantes de las FARC, del ELN y soldados y suboficiales retirados del Ejército. Usa la corrupción, pero además ha fortalecido la cooptación de liderazgos sociales, llegando inclusive a crear organizaciones y fundaciones en sus áreas de incidencia. Sin duda, es el grupo que más retos genera para la seguridad del país.
A menos de un año del fin del Gobierno Petro, es difícil y poco convincente que un proceso con el EGC pueda avanzar, más aún cuando, seguramente, Catar estará preocupado por la falta de confidencialidad con que se ha manejado este nuevo acercamiento.
Sumado a esto, la vinculación de este anuncio con el proyecto de ley de sometimiento (que tiene baja probabilidad de ser aprobado en el Congreso), muestra que el objetivo no es llegar a un acuerdo final y desmantelar el grupo. Hay un alto riesgo de utilizar las mesas de negociación como instrumento electoral y elevar el costo político y los hechos cumplidos para el siguiente gobierno. Como lo señaló la FIP en su más reciente informe, es posible que pasemos de la Paz Total a una “paz electoral”.
En efecto, para el Clan del Golfo este nuevo anuncio aún está en la dimensión de conversaciones exploratorias para “construir confianza y consolidarla”. Aún no hay mesa de negociación, no hay una delegación oficial para los diálogos y el grupo sabe muy bien que el gobierno no tiene la fortaleza ni el musculo político para aprobar este proyecto de ley, sin mencionar que el tema genera debate en la opinión pública.
"El Clan sabe bien que no hay un ambiente político favorable ni para hablar de este tipo de procesos ni para debatir marcos jurídicos que otorguen beneficios, pero va a utilizar el espacio. Siempre la regla básica de un grupo es: 'Si me ofrecen una mesa, allí estaré'. En términos tácticos, le sirve para mostrarse como un actor del conflicto y no como un grupo de crimen organizado”, plantea el investigador Gerson Arias.
Si bien no se descarta que este anuncio pueda venir acompañado de medidas como ceses al fuego u otro tipo de gestos humanitarios, sin un conocimiento claro de qué es hoy el EGC, cuáles son sus intereses, cuál es el papel de la Fiscalía General de la Nación en este proceso y sin un marco jurídico, es poco probable avanzar hacia un proceso serio, especialmente con la cuenta regresiva en contra.