Hace un año, el Catatumbo entró en una espiral de violencia que aún no da tregua. La ofensiva militar del ELN contra las disidencias del Frente 33 (adscritas a la facción de ‘Calarcá’), desató la crisis humanitaria más grave que ha vivido el país en las últimas décadas, una emergencia que, 12 meses después, sigue marcando la vida de miles de personas.
Las señales de que la violencia no cedería aparecieron temprano. En marzo de 2025, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advirtió que la guerra en el Catatumbo tenía altas probabilidades de prolongarse: las disidencias, aunque debilitadas tras perder cerca del 90% de su territorio frente al ELN, estaban en proceso de reorganización y fortalecimiento. La alerta se confirmó. A finales de diciembre y comienzos de enero, la reactivación de los combates provocó el desplazamiento forzado de cerca de 1.500 personas, una nueva señal de que la disputa sigue lejos de terminar.
Salvo por las advertencias reiteradas de algunas autoridades locales, la Defensoría del Pueblo y organizaciones humanitarias como el Consejo Noruego para Refugiados, la crisis humanitaria en el Catatumbo ha permanecido en gran medida fuera del centro del debate nacional, pese a su magnitud y a sus efectos persistentes sobre la población civil.
Las cifras hablan por sí solas. El Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Gobernación de Norte de Santander, activado desde el inicio de la crisis para coordinar la respuesta humanitaria, reportó que, hasta el 13 de enero de 2026, al menos 166 personas habían muerto (entre ellas seis firmantes de paz y 10 menores de edad), que se suman a 19 miembros de la Fuerza Pública asesinados. La violencia ha obligado a cerca de 92.000 personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad.
Se desconoce cuántas permanecen secuestradas o desaparecidas, aunque entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2025, el ELN liberó a varias personas. Tampoco hay claridad sobre el número de muertes en las filas de los grupos armados.
Entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025, la Unidad para las Víctimas incluyó en el Registro Único de Víctimas a 105.203 personas, según la Defensoría del Pueblo. La gran mayoría fue por desplazamiento forzado (101.587), seguida por casos de amenaza, confinamiento y abandono o despojo de tierras.
¿Por qué sigue la disputa?
La confrontación entre el Frente de Guerra Nororiental del ELN y las disidencias del Frente 33, que ha atravesado varios ciclos y hoy se concentra en los municipios de Tibú y El Tarra, se ha intensificado por tres motivos principales.
El primero es que el Frente 33, pese a haber sido debilitado y estar replegado, ha logrado reforzarse con apoyos de otros bloques disidentes y aún conserva capacidad para seguir combatiendo, lo que ha mantenido la dinámica de enfrentamientos en la región.
El segundo es que la respuesta de las entidades del gobierno para controlar el territorio, frenar los impactos humanitarios y disuadir a los grupos armados ha sido muy lenta, dejando a las comunidades en medio del conflicto sin protección efectiva.
Y el tercero tiene que ver con la situación que afronta Venezuela, que se ha convertido en un factor adicional de presión: incluso antes de la operación contra Nicolás Maduro, el ELN había reforzado su control en zonas fronterizas.
Hoy, el Frente de Guerra Nororiental del ELN podría contar con algo más de 2.000 combatientes, mientras que las disidencias del Frente 33 sumarían alrededor de 500 integrantes. A esto se suma la preocupación por alertas recientes que señalan posibles intentos del Clan del Golfo y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) de ingresar a la región, lo que podría agudizar aún más la dinámica de violencia en el Catatumbo.
¿Quiénes son las víctimas?
La crisis humanitaria golpea con especial dureza a mujeres, niñas y adolescentes. Entre enero y septiembre de 2025, 299 personas denunciaron violencia sexual, mientras que 64 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento forzado, según cifras de la Unidad para las Víctimas citadas por la Defensoría del Pueblo, lo que deja profundas cicatrices en quienes más deberían estar protegidos. Tibú aparece como el epicentro de estos hechos.
Decenas de líderes y lideresas sociales han sido desplazados de sus comunidades y hoy, dada la crisis con Venezuela, impera una suerte de “ley del silencio” marcada por constantes amenazas y control social.
Los firmantes de paz también han salido damnificados. Además de la muerte de seis de ellos y la desaparición de otros cinco, el antiguo ETCR de Caño Indio se vio forzado a desplazarse por completo a una zona rural del área metropolitana de Cúcuta para proteger las vidas de los ex-FARC, dejando atrás sus apuestas de reincorporación.
Mientras tanto, empresarios de distintos sectores conviven día a día con la extorsión y la zozobra que genera la confrontación armada.
¿Cómo va la sustitución de cultivos ilícitos?
En 2025, 6.500 familias del Catatumbo se inscribieron en el programa RenHacemos, liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Esta participación evidencia la capacidad del programa para generar confianza inicial y acuerdos de sustitución voluntaria en un territorio donde la coca sigue siendo el eje de la economía. Aunque aún no hay cifras claras de erradicación voluntaria, el proceso parece avanzar en paralelo con la crítica situación de seguridad y la disputa territorial entre el ELN y las disidencias.
RenHacemos en el Catatumbo debe entenderse como un proceso de estabilización gradual, no una solución inmediata. Ha reactivado compromisos y la corresponsabilidad Estado–comunidades, un avance clave en una región marcada por incumplimientos históricos. No obstante, su sostenibilidad depende de la presencia institucional continua, la articulación con la estrategia de seguridad, la provisión de bienes públicos rurales y la rapidez con que las alternativas lícitas generen impactos reales.
¿Qué efectos han tenido las políticas de paz y seguridad?
El Gobierno Nacional asegura haber recuperado el 70% del Catatumbo, pero en la práctica la región continúa sin experimentar mejoras reales en seguridad. Incluso la declaración de Conmoción Interior, que enfrentó múltiples obstáculos legales y constitucionales, no logró cambiar esta realidad ni dotar a las autoridades de herramientas efectivas para enfrentar la crisis que atraviesan las comunidades.
En cuanto a las negociaciones de paz, el Gobierno presentó la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para el Frente 33 como un paso hacia la normalización de la seguridad en el Catatumbo. Sin embargo, la realidad muestra otra cosa: las condiciones para hacer efectiva esta zona simplemente no existen. Aunque el anuncio se hizo en abril de 2025, la ZUT sigue sin concretarse, dejando a los actores involucrados en un limbo de incertidumbre.
Un mes antes del anuncio de la ZUT se firmó el Pacto Social por el Catatumbo, como parte de la apuesta del gobierno por la transformación territorial. Sin embargo, al ser uno más entre varios instrumentos de priorización, corre el riesgo —ante un cambio de gobierno— de sumarse a la lista de compromisos incumplidos con la región.
No hay que olvidar que más allá del desafío que representa garantizar el control institucional y la seguridad en la frontera, se avecinan las elecciones legislativas de marzo, que incluyen la designación de un representante para la CITREP del Catatumbo, la curul especial de paz creada para las comunidades y las víctimas.
La guerra continua en Catatumbo. No olvidemos a sus pobladores ni a sus víctimas; es urgente mantener los ojos puestos en esta zona del país que sigue enfrentando la violencia día a día.