.png?auto=format&fit=facearea&facepad=6&w=120&h=120&ixlib=php-3.3.1)
La violencia en Norte de Santander persiste y pone en evidencia los desafíos de seguridad en este departamento fronterizo con Venezuela. El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno y aspirante a la Alcaldía de Cúcuta, se suma al del periodista Cristian Herrera, y a una sucesión de ataques contra la ciudad y su área metropolitana. Entre agosto y octubre se registraron atentados con explosivos contra estaciones de Policía en Cúcuta y Los Patios, una patrulla en Puerto Santander y las instalaciones de la DIAN.
Ante estos hechos, el Gobierno Nacional anunció un nuevo refuerzo militar, pero la experiencia de los últimos años muestra que la situación exige ir más allá de las operaciones de la Fuerza Pública. Sin proteger a las comunidades, debilitar las redes que sostienen a los grupos armados, mejorar los controles en la frontera e incrementar una presencia sostenida del Estado, dificilmente se logrará conjurar esta crisis de violencia.
¿Qué está ocurriendo?
En el Catatumbo, la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC continúa provocando desplazamientos y restricciones a la movilidad. A esto se suman los ataques con drones explosivos contra viviendas, una escuela y tropas, incluido el ocurrido el pasado 4 de septiembre, contra el cantón militar Trapiche, en Ocaña, que dejó tres militares muertos y cuatro heridos.
Estos hechos han vuelto a poner a Norte de Santander en el centro de atención y evidencian la persistencia de una violencia que se explica, en parte, porque tanto el ELN como el Frente 33 conservan capacidades para combatir, reorganizarse y ejercer control sobre la población, mientras el Estado enfrenta dificultades para sostener su presencia institucional.
Ante este escenario, recuperar el control institucional exige actuar simultáneamente en tres frentes: 1) proteger a las comunidades, 2) contener las capacidades de los actores armados y debilitar las redes que los sostienen, y 3) incrementar la presencia estatal integral y sostenida que impida que recuperen el terreno perdido.
Según el monitoreo de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), aunque la violencia persiste, varios indicadores asociados a las dinámicas de los grupos armados disminuyeron frente al año pasado. Entre enero y septiembre de 2026 los ataques contra la Fuerza Pública en Norte de Santander se redujeron en un 15,8 % (de 38 hechos a 32), los enfrentamientos bajaron en un 55 % (de 20 a 9) y los ataques contra infraestructura y bienes civiles bajaron un 41,4 % (de 29 a 17), frente al mismo período de 2025. En ambos períodos, los ataques contra la Fuerza Pública fueron más frecuentes que los enfrentamientos registrados.
En contraste, el uso de drones explosivos ha aumentado, particularmente por parte del ELN. Según la Fuerza Pública, este grupo pasó de 36 ataques a nivel nacional durante 2025 a 143 hasta el 29 de octubre de 2026. De estos últimos, 46 (32,2 %) ocurrieron en Norte de Santander. Esta táctica permite ampliar las capacidades de ataque y vigilancia con menor exposición de los combatientes, y plantea nuevos desafíos para la protección de la población y la Fuerza Pública. Esta transformación muestra que la disminución de algunos indicadores de confrontación en Norte de Santander no necesariamente implica una reducción de las capacidades ofensivas de los grupos armados, sino que puede coexistir con la adaptación y diversificación de sus tácticas de violencia.
Una crisis que no logró contenerse
La crisis del Catatumbo se aproxima a cumplir dos años. Su principal detonante fue el deterioro de los pactos de coexistencia entre el ELN y el Frente 33. La expansión de las disidencias, los cambios en los acuerdos sobre economías ilícitas y su acercamiento al Gobierno alteraron el equilibrio regional. El 16 de enero de 2025, el ELN lanzó una ofensiva contra comunidades, liderazgos y firmantes de paz señalados de colaborar con su adversario. Solo en las primeras semanas se registraron más de 55 asesinatos y 60.000 desplazamientos forzados.
En marzo de 2025, la FIP advirtió que la guerra podía prolongarse, porque, pese a su debilitamiento, el Frente 33 conservaba capacidad de reorganización y recibía refuerzos de otras estructuras disidentes. Pese al despliegue de más de 10.000 uniformados, la respuesta estatal enfrentaba dificultades para articular las operaciones militares con la justicia y una intervención social y económica sostenida. En enero de 2026, la FIP identificó tres factores que mantenían abierta la confrontación: los refuerzos de las disidencias, la lentitud de la respuesta estatal y la incertidumbre en Venezuela.
Territorios conectados, dinámicas diferentes
La superioridad militar y territorial del ELN no ha eliminado la capacidad de resistencia del Frente 33. Ambos actores conservan redes de financiación, abastecimiento e información que permiten sostener la disputa y ejercer control sobre la población. El ELN cuenta con estructuras y corredores transfronterizos consolidados durante décadas, mientras el Frente 33 ha logrado reorganizarse con apoyos externos y redes locales, particularmente en Tibú y hacia El Tarra.
Según estimaciones de la Fuerza Pública, entre finales de 2025 y julio de 2026 el Frente de Guerra Nororiental del ELN pasó de 2.372 a 2.193 integrantes (−7,5 %), mientras el Frente 33 aumentó de 449 a 634 (+41,2 %). Aunque el ELN conserva superioridad numérica, estas variaciones ayudan a explicar la resistencia de las disidencias, sin determinar por sí solas el curso de la confrontación.
Esta disputa no configura un escenario uniforme dentro del Catatumbo. Donde predomina el ELN, el control se expresa mediante restricciones a la movilidad y regulación de actividades económicas y comunitarias, incluso sin combates frecuentes. En Tibú y los corredores hacia El Tarra, las comunidades enfrentan exigencias de ambos actores, restricciones y señalamientos de colaboración con el adversario. Por eso, la intensidad de los enfrentamientos no refleja necesariamente el control que ejercen sobre la población.
En Cúcuta y su área metropolitana es necesario distinguir los corredores rurales y fronterizos de los espacios urbanos. En Puerto Santander y sectores rurales de Cúcuta y El Zulia, el ELN conserva capacidades para vigilar rutas, regular la movilidad y proteger redes logísticas. El control de puntos de paso y abastecimiento le permite obtener recursos mediante cobros sobre el transporte y el comercio, sin necesidad de administrar directamente cada actividad económica.
En las cabeceras de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, el control está más fragmentado entre barrios, sectores comerciales y mercados específicos. Organizaciones locales y transnacionales intervienen sobre la extorsión, el microtráfico, el contrabando, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Sus redes pueden distribuir funciones de recaudo, vigilancia e intimidación y coexistir con instituciones y actividades legales. La ausencia de una hegemonía criminal única no implica, por tanto, ausencia de coerción.
Las conexiones entre estos espacios permiten articular rutas rurales, pasos fronterizos y redes urbanas. Pueden facilitar el abastecimiento y la ejecución de atentados sin implicar un dominio cotidiano de toda la ciudad. Tampoco permiten atribuir todos los homicidios a la confrontación entre el ELN y el Frente 33. Comprender la violencia reciente exige identificar qué actores intervienen, qué intereses persiguen y cómo se relacionan las redes urbanas con los corredores rurales y fronterizos. Esa distinción es indispensable para definir medidas de protección e investigación acordes con cada territorio.
El giro en la política de seguridad y sus posibles efectos
Los ajustes en la estrategia de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella introduce un nuevo factor en la confrontación. La mayor presión militar puede provocar repliegues, retaliaciones o ataques con los que los grupos armados busquen demostrar su capacidad operativa, elevar los costos de las operaciones estatales y evitar que sus rivales aprovechen un eventual debilitamiento.
En la región, el Gobierno ya realizó al menos dos bombardeos. El primero, apenas tres días después de la posesión presidencial, el 10 de agostom contra el ELN; el segundo, el pasado 10 de octubre, contra el Frente 33. Los balances oficiales recogidos por medios reportaron dos presuntos integrantes muertos en el primero y cuatro en el segundo, entre ellos una adolescente de 16 años. Tras la operación de agosto también se reportaron campesinos heridos, daños a viviendas y desplazamientos. La entrega de alias ‘Flecha’, anunciada el 26 de octubre y atribuida por el Ejército a la presión operacional, introduce otra posible afectación al Frente 33. Aún es muy pronto para establecer sus efectos y la capacidad del grupo para reemplazar sus funciones.
En paralelo, el Ejecutivo heredó suspendida la mesa con el ELN y cerró, por medio de la resolución 343 del 28 de agosto de 2026, las negociaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), al que pertenece el Frente 33. Como advirtió la FIP en su balance de agosto, estas conversaciones coexistieron con la confrontación sin traducirse en el tránsito a la legalidad de la estructura. Su cierre exige esclarecer los compromisos adquiridos, dar continuidad a las iniciativas pertinentes y mantener medidas de protección para las comunidades.
El ELN ha incorporado este giro a su discurso. En septiembre reivindicó el atentado contra la estación de Policía de Los Patios y acusó al Gobierno de cerrar las posibilidades de una solución negociada. Sin embargo, esta declaración no permite atribuir el ataque exclusivamente al cambio de política, la defensa de corredores, las rentas ilícitas y las disputas con otros actores también podrían influir en estas acciones.
El Gobierno anunció, además, un refuerzo militar temporal en Cúcuta y la puesta en marcha, a partir del 3 de noviembre, de la campaña militar y policial Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur), orientados a fortalecer el control territorial y afectar las organizaciones y finanzas criminales. Sin embargo, el refuerzo militar, por sí solo, difícilmente permitirá recuperar de manera sostenida el control institucional.
Proteger, contener y permanecer
Podría argumentarse que primero es necesario debilitar a los grupos armados para que las demás instituciones puedan intervenir. Sin embargo, la protección de las comunidades y la intervención civil deben planearse desde el inicio de las operaciones y sostenerse en el tiempo. Toda acción ofensiva debe respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con medidas para prevenir y reducir los daños a la población civil.
Recuperar el control institucional exige avanzar simultáneamente en tres frentes: proteger a las comunidades, contener las capacidades militares y las redes que sostienen a los grupos armados mediante la acción de la Fuerza Pública y la justicia, y garantizar una presencia estatal con educación, salud, infraestructura y oportunidades económicas. Y de manera paralela mejores controles en la frontera. La pregunta es qué instituciones permanecen después de las operaciones y qué redes se desarticulan para impedir la recomposición armada. Y esto requiere mejores y más claros proceso de articulación con las autoridades regionales y locales.
Esto implica convertir las alertas en medidas preventivas con responsables y recursos, articular las operaciones con la investigación judicial y el fortalecimiento de las instituciones locales, e incorporar las propuestas comunitarias mediante espacios de interlocución seguros y compromisos sujetos a seguimiento.
La coordinación entre autoridades nacionales y territoriales también es fundamental. En 2025 se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la crisis. Es necesario verificar si continúa activo y evaluar su capacidad para coordinar la respuesta institucional, actualizar la información sobre las personas afectadas y hacer seguimiento a las medidas de atención y protección. Esta articulación no puede depender únicamente de nuevas emergencias.
Una crisis que se aproxima a cumplir dos años exige superar una respuesta centrada en las emergencias. El balance del nuevo Gobierno no debería limitarse a las bajas, capturas e incautaciones, sino considerar si las comunidades pueden permanecer en sus territorios, movilizarse y participar sin amenazas. Mientras los grupos armados conserven la capacidad de decidir quién circula, quién habla y quién debe abandonar su territorio, será difícil hablar de una recuperación sostenida del control institucional en Norte de Santander.